Argentina pide colaboración a Colombia sobre los iraníes imputados por el caso AMIA


La Fiscalía argentina encargada de investigar el atentado contra el centro comunitario judío AMIA, en el que fueron asesinadas 85 muertos en 1994, solicitó la cooperación de Colombia ante la posible llegada a ese país de imputados en la causa, de origen iraní y con orden de captura internacional, informaron fuentes judiciales.
Los fiscales titulares de la Unidad Fiscal-AMIA -Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini, sustitutos del fallecido Alberto Nisman– alertaron, en concreto, sobre la posible llegada a Colombia del ex agregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani, requerido para declarar por la Justicia argentina.

A ese respecto, el equipo fiscal advirtió que existen “disposiciones del derecho interno colombiano” que podrían “frustrar la inmediata detención” de los imputados en virtud de las alertas rojas de Interpol, según detalló Filippini.

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Aunque el actual código colombiano prevé que una notificación roja impone la captura, “la Policía colombiana informó que como los hechos que refieren a AMIA son previos (a 2005, cuando se introdujo esa consideración), esa disposición no rige” y, por tanto, la detención podría no ser automática, según indicó el procurador.

Frente a ello, la Fiscalía recordó que existe un convenio bilateral entre Argentina y Colombia y una convención internacional de 1933, suscrita por ambos países, que obligarían a ejecutar la detención.

“En total son tres canales”, ratificó Filippini.

Por ello, la Unidad (UFI-AMIA) pide al juez de la causa y a Colombia, a través de la Cancillería argentina, que tomen medidas para garantizar el arresto con fines de extradición si se concreta la llegada de “Rabbani o de otras personas de interés”.
Además, la Fiscalía informó que recientemente se pidió al Congreso argentino y al Gobierno avanzar sobre la “desclasificación de materiales documentales todavía reservados que puedan ser de utilidad a la investigación del atentado, existentes tanto en el país como en terceros Estados”.

“El hecho de la participación de servicios y agentes colaterales de inteligencia extranjera en la investigación del atentado es pública y ello justifica, ante el tiempo transcurrido, examinar posibles vías de renovada colaboración que puedan develar información aún no aportada a la causa”, detalla el comunicado.

El atentado contra la AMIA fue el segundo contra sedes judías en Argentina, después de que un ataque contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en el que fueron asesinados 29 personas en 1992.

La Fiscalía argentina y la comunidad judía local atribuyen a Irán y a Hezbollah la planificación y ejecución de ambos atentados.

Un primer juicio para determinar los responsables del ataque -que actualmente es examinado por los tribunales con el ex presidente Carlos Ménem (1989-1999) en el banquillo de los acusados- finalizó con la declaración de nulidad de toda la investigación y con la absolución de los policías argentinos acusados de integrar la conexión local que cooperó con los terroristas.

En la última década, la Justicia argentina ha buscado avanzar sobre la pista iraní pero el país persa rechaza colaborar para que los imputados declaren ante los tribunales suramericanos.

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