Más de 20 mil manifestantesafricanos marcharon desdeTel Aviv en contra de política migratoria de Israel

Miles africanos, en su mayoría de Eritrea y Sudán, que logaron infiltrarse ilegalmente en el país y buscan que el Gobierno les otorgue asilo político, se concentraron en Tel Aviv para protestar por las políticas de Jerusalén. Los africanos alegan que son refugiados; pero el Gobierno sugiere que en realidad son oportunistas que buscan mejores posibilidades laborales que en sus países de origen.

Más de 20 mil manifestantes, según los organizadores, o “miles” de acuerdo con la policía, marcharon desde los barrios del sur de Tel Aviv, en los que se han instalado, hasta la Plaza Rabin, donde estuvieron concentrados durante varias horas, informó el portavoz policial, Micky Rosenfeld.
“No ha habido ningún incidente. Todo se ha hecho en coordinación con la policía”, señaló el portavoz.
Con pancartas con lemas como “Libertad”, “Libertad sí, prisión no”, los manifestantes africanos se congregaron para pedir que el Gobierno revise individualmente las solicitudes de asilo político y derogue la reciente reforma de la Ley de Prevención de Infiltraciones, que les impide acogerse a ese estatus.
Los participantes, con el apoyo de activistas de izquierda, anunciaron el inicio de una huelga general de tres días en diversos lugares del país que secundan miles de miembros de esta comunidad, empleados habitualmente en el sector servicios bajo condiciones precarias.
“He venido a manifestarme contra la injusticia que provoca la nueva ley. Su significado es prisión sin juicio”, se quejó la ex diputada Yael Dayán, hija del mítico general Moshé Dayán, durante la concentración.
Según la nueva enmienda de la ley de inmigración, aprobada el pasado mes de diciembre, se permite el arresto de estos infiltrados durante un año si son descubiertos sin papeles en regla y después la detención en centros de internamiento abiertos, similares a los de otros países occidentales.
Unos 60 mil africanos, la mayoría de Eritrea y Sudán, se infiltraron en Israel entre 2006 y 2012, pagando entre cientos y miles de dólares a los beduinos que los trasladaban, hasta que el Gobierno de Biniamín Netanyahu logró construir una verja fronteriza con Egipto en el Sinaí.
En la actualidad, el país no concede el estatus de refugiado político a casi ningún emigrante de Eritrea y Sudán, aunque les garantiza no ser deportados, no les ofrece permisos de trabajo.
También implica que, de ser hallados en la calle sin los papeles en regla, el inmigrante ilegal es automáticamente internado en estos centros, que están abiertos durante el día.
La representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) Walpurga Englebrecht criticó la política de Israel hacia los refugiados y dijo que los centros de internamiento son en realidad de detención y no instalaciones “abiertas”, como asegura el Gobierno.
Englebrecht pidió al país que examine sus solicitudes, les ofrezca protección internacional y no los defina como “infiltrados”.
Otra concentración, de unas 350 personas, tuvo lugar en la ciudad-balneario sureña de Eilat, donde se han instalado y suelen trabajar muchos de ellos en hoteles y restaurantes.
Netanyahu respondió a las movilizaciones asegurando que los manifestantes “no son refugiados, sino gente que está violando la ley”.
Los manifestantes se concentran ante varias embajadas extranjeras y contactan con representantes de la ONU para presionar al Gobierno de Jerusalén para que les otorguen los beneficios de los asilados políticos y poder así instalarse definitivamente en el país. EFE y Aurora

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